Cada vez es más evidente que los países que alcanzan el desarrollo son aquellos en que sus políticas públicas tienen un horizonte de largo plazo y sus modalidades institucionales se sustentan en amplios acuerdos nacionales. Dicho de otro modo, el crecimiento y el desarrollo son más probables cuando las políticas son de Estado.
En nuestro país tenemos muchos ejemplos de políticas concebidas en tal perspectiva. La política agrícola es un ejemplo de esto. Con ello no estamos sosteniendo, obviamente, que en la política sectorial de los últimos 30 años no hayan habido elementos de cambio entre los distintos gobiernos o que en la actualidad, después de 20 años de gobierno de la Concertación, no existan temas de relevancia que se deban evaluar y debatir.
Lo que estamos sosteniendo es que en aspectos muy sustantivos de la política agrícola se han ido alcanzando y construyendo acuerdos importantes y que los elementos de continuidad de ella han sido relevantes, incluso en el cambio de régimen que significó el paso de un gobierno autoritario a uno democrático el año 1990.
Con el regreso de la democracia se mantuvieron elementos centrales de la estrategia de crecimiento económico como la apertura comercial, la propiedad e iniciativa privada y el libre mercado; aspectos todos que constituyen aspectos definitorios de la política agrícola. En lo específicamente sectorial, se mantuvo el énfasis en las exportaciones, las bandas de precios y se fortaleció la Ley 18.450 de Fomento del Riego y Drenaje y el DL 701 de Fomento a la Forestación. Todos estos fueron elementos relevantes de continuidad.
Pero en los gobiernos de la Concertación, como se esperaba y demandaba, también hubo importantes elementos de cambio. Estos elementos se dieron en seis ámbitos: a) en el protagonismo de la agricultura campesina en los objetivos y en los recursos del Ministerio de Agricultura; b) en el rol asignado al Estado en las correcciones de las diversas fallas de los mercados; c) en el diseño e implementación de políticas e instrumentos para el fomento de la innovación; d) en el reemplazo de la estrategia de apertura unilateral por otra en que se privilegiaron los acuerdos comerciales, e) en la incorporación de los temas ambientales y del cambio climático en el diseño e implementación de las políticas sectoriales y f) en el fomento de la asociatividad, de la participación y del accountability.
Los cambios de las coaliciones gobernantes generan, con frecuencia, expectativas e interés, más aún cuando ocurren después de largo tiempo. El Presidente Sebastián Piñera ha señalado que se mantendrá lo bueno, se mejorará lo regular y se cambiará lo malo. Esta es otra forma de expresar que en democracia los cambios bruscos no tienen destino y que los avances para que se proyecten en el tiempo deben ser necesariamente graduales y sustentarse en amplio acuerdos.
El nuevo Ministro de Agricultura se ha expresado de forma similar al abordar las tareas institucionales que tiene por delante. El presente año será central para saber en qué combinación y con qué énfasis las nuevas autoridades ministeriales gestionarán la continuidad y el cambio. Así es la democracia, en el entendido que las políticas públicas expresan visiones y proyectos específicos de sociedad. Es bueno para el sector que haya elementos de continuidad. Es esperable en democracia que las prioridades y los énfasis cambien cuando asume un nuevo gobierno y una nueva coalición.
El desafío de transformar a Chile en una Potencia Alimentaria y Forestal está más vigente que nunca y, lo más importante, es posible pues en las dos últimas décadas la agricultura chilena tuvo avances notables. Si hoy nuestra agricultura es más y mejor que el año 1990, todo indica que de seguir haciendo las cosas bien el año 2020 nuestro sector será más competitivo y más desarrollado que en la actualidad. Ello es imprescindible para seguir mejorando las condiciones de vida de los chilenos y chilenas que viven y trabajan en el campo y para fortalecer la identidad alimentaria de nuestro país.
(Este artículo fue publicado en la Revista del Campo del Diario El Mercurio del 22 de marzo de 2010)
