La implementación de las políticas para la agricultura campesina de los Gobiernos de la Concertación tuvo, a mi juicio, dos referencias “marcadoras”. La primera fue el proceso de reforma agraria de los años 60 y la segunda la distinción entre los productores viables e inviables realizada por el gobierno autoritario.
Estas dos referencias tuvieron importantes consecuencias. La añoranza por parte de los pequeños productores y de sus organizaciones hacia la reforma agraria influyó notablemente en sus expectativas en relación a las nuevas políticas agrícolas y dificultó la satisfacción de ellos con las políticas de la Concertación, entre otras cosas porque era imposible que accedieran a beneficios ni de cerca similares a los obtenidos en aquel proceso. Por otra parte, la distinción entre viables e inviables sesgó las nuevas políticas hacia la pequeña agricultura, dado que tal era una distinción del período de Pinochet. Se apostó, así, como contrapunto, al desarrollo productivo del conjunto de los campesinos, cuando probablemente era extremadamente difícil de lograr.
Más allá del concepto de políticas diferenciadas, la coexistencia de una diversidad de segmentos de pequeños productores sujetos de atención por parte del INDAP, evidentemente se hizo muy difícil la implementación de las políticas y programas con la eficiencia esperada. El lema pareciera haber sido, o se desarrollan productivamente todos o no se desarrolla ninguno.
En este contexto, a través de los distintos gobiernos se fueron implementando un conjunto de apuestas en el ámbito del desarrollo de la pequeña agricultura. Estas apuestas fueron en lo sustantivo: a) el acceso preferente a los grandes subsidios estatales, b) el fortalecimiento asociativo, c) el desarrollo empresarial y de negocios, d) la incorporación a los procesos de exportación, e) el acceso al financiamiento del sistema financiero, f) el acceso a la utilización de los nuevos instrumentos de política agrícola, g) la incorporación al desafío de transformar a Chile en Potencia Alimentaria y h) los encadenamientos productivos de los pequeños productores con distintos actores de las cadenas alimentarias.
Tales apuestas, estoy convencido, fueran las correctas. Ellas en algunos casos fueron logradas importantemente, aunque su mantención y perfeccionamiento en los años que vienen es muy relevante. Otras fueron logradas solo muy parcialmente. Las interpretaciones sobre por qué estas apuestas en su conjunto no provocaron un desarrollo más evidente y dinámico de este importante segmento de la agricultura nacional pueden ser variadas. En esta oportunidad mencionaré únicamente tres: a) las dificultades de hacer desarrollo empresarial de la pequeña empresa en general y de la pequeña agricultura en particular, en Chile y el mundo, b) la no siempre adecuada y persistente implementación de tales apuestas y c) la insuficiente asignación de recursos que permitieran dar una envergadura suficiente a las iniciativas desarrolladas.
En el ámbito del desarrollo productivo de la pequeña empresas, no basta hacer apuestas correctas sino que es imprescindible implementarlas eficientemente y en una magnitud adecuada.
No me caben dudas que los gobiernos de la Concertación intentaron siempre ser leales a su compromiso con la pequeña agricultura. El desarrollo de ésta constituyó en los últimos 20 años una prioridad de los distintos Ministros de Agricultura. Pero es claro que para gobernar en los tiempos actuales se requiera mucho más que voluntad política. También se requiere capacidades técnicas e institucionales, y estas no siempre están disponibles en la calidad y cantidad en países del nivel de desarrollo del nuestro.
Hacer fomento productivo de la pequeña agricultura es caro, difícil y complejo, sobre todo si se tiene presente que en países abiertos tal desarrollo significa necesariamente la incorporación a los mercados; y en lo posible a los mercados más exigentes del país y del mundo.
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